El ministro de Energía, Diego Pardow, junto al director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, se refirieron al proceso de compensación para los clientes afectados por los cortes de luz.
Pardow explicó que durante lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, se han infringido los estándares de servicio de la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley del Consumidor.
Detalló que “los mecanismos de compensación automática respecto del cual se instruyó a las empresas de distribución a enviar los datos de facturación por quincena de este mes para que pueda reflejarse un descuento en la próxima boleta que vean las personas, es un descuento que no inhibe y no obstaculiza la reparación integral de las personas”.
El secretario de Estado reiteró el llamado a las compañías de distribución a “materializar estas compensaciones que también son legales, que tienen que ver con los derechos que tienen los clientes eléctricos como consumidores para hacerlo mediante un procedimiento voluntario de compensación, porque es más expedito”.
El director del Sernac indicó que han emplazado a distintas empresas eléctricas para someterse a los procedimientos voluntarios colectivos, que son “el mecanismo más ágil, más rápido que establece nuestra normativa de protección al consumidor para entregar una solución integral, proporcional y universal a todos los consumidores que se han visto afectados”.
Herrera detalló han “invitado a las empresas Enel, CGE, Saesa, Frontel y Chilquinta a que acepten el emplazamiento que ha hecho el Sernac para sentarse a conversar sobre una compensación en favor de los consumidores. Hemos recibido solo la respuesta de Enel”.
“Estamos a la espera de la respuesta de las empresas; CGE, Saesa, Frontel y Chilquinta para que a la brevedad posible y de manera formal nos manifiestan su disposición a participar en este procedimiento porque de lo contrario vamos a demandar colectivamente a cada una de estas empresas”, recalcó.
Junto con esto, advirtió que “en una demanda colectiva se aplican también las infracciones y las multas de la Ley del Consumidor que pueden llegar solo por concepto de multas a más de US$38 millones, además de todos los perjuicios que se pueden probar en un juicio de estas características con las agravantes correspondientes con la dimensión del daño moral por todos los padecimientos y esto le puede salir muy caro a las empresas eléctricas”.
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