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Imputados por ataque mortal de un tigre a joven en Rancagua no admitieron su responsabilidad

Julia Rodriguez
09/08/20242 minutos de lectura

Los tres acusados por la muerte trágica de Catalina Torres (21), empleada del Parque Safari de Rancagua atacada por un tigre en 2021, no reconocieron su responsabilidad en el incidente, por el cual están acusados de cuasidelito de homicidio por el Ministerio Público.

En una audiencia previa al juicio, el juez Gonzalo Celedón interrogó al dueño del parque, Iván Sánchez; a su hijo Pablo Sánchez, gerente de operaciones, y a la veterinaria Valeria Olmo, quienes negaron su participación en el incidente, recogió Radio Cooperativa.

Ellos fueron formalizados en septiembre de 2023 debido a su presunta negligencia en la muerte de Torres, a quien sus superiores habían ordenado realizar labores de limpieza el día del incidente en agosto de 2021, a pesar de que se desempeñaba como guía turística en el lugar y no se le avisó de la presencia del tigre.

Durante la sesión de este jueves, la Fiscalía propuso una reducción de las penas esperadas a cambio de concluir el caso, pero se decidió continuar hacia un juicio simplificado programado para el 3 de septiembre.

Al salir del Tribunal de Garantía de Rancagua, Sara Ibarra, madre de la víctima, expresó su decepción porque “no aceptaron su responsabilidad, su negligencia (…) no se murió un perro, se murió mi hija, entonces me duele que una vida no valga nada”. Añadió que las penas que enfrentan son “bajísimas” y no proporcionales a la gravedad del hecho, pero insistió en que demostrará que “mi hija no fue la negligente, ellos tuvieron responsabilidad”.

El abogado de la familia, Jaime Gatica, afirmó que el Ministerio Público y la parte querellante deberán probar la culpabilidad de los acusados con base en la evidencia recopilada por la PDI y los informes de peritos. Resaltó que “la ley nos ampara” al referirse a la obligación de las empresas de proteger la vida y salud de sus empleados.

Gatica también explicó que el juicio simplificado se debe a que “estamos hablando de negligencias, y la ley asigna una pena inferior a una pena aflictiva, por lo tanto, es la ley la que dispone este tipo de procedimientos para estos hechos”.

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