Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (Usach), se refirió alza tarifaria que fue anunciada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la que comenzará a hacerse efectiva en octubre y a la precariedad del sistema regulatorio de las empresas del sector.
En ese sentido, el experto subrayó que “el esquema regulatorio que tenemos es tan antiguo como la red eléctrica. Actualmente, es más barato pagar la multa que hacer la inversión. Es lo más duro que uno puede decir, pero en la práctica es así”.
Verdejo explicó en entrevista con Radio Pauta que las multas actuales son tan bajas que no motivan a las empresas distribuidoras a realizar inversiones necesarias en infraestructura.
“Es más barato dejar a clientes sin suministro y compensarlos, que hacer las inversiones”, comentó. Además, señaló que el problema radica en que la Comisión Nacional de Energía, quien define las reglas, también valoriza la tarifa, lo que genera un conflicto de interés que repercute directamente en los costos para los usuarios.
Verdejo sugirió que se podrían hacer ajustes reglamentarios sin necesidad de cambiar la ley, obligando a las empresas a invertir en mejoras como el soterramiento de cables.
“Es crucial buscar alternativas que fortalezcan la red eléctrica actual”, agregó, destacando que el modelo regulatorio vigente, con más de 40 años, está desactualizado y no refleja las realidades actuales, lo que termina por desincentivar las inversiones necesarias.
Asimismo, Verdejo confirmó que las alzas promedio de octubre estarán entre un 12% y un 22%, explicando que esto se debe al descongelamiento de las tarifas en los tres grupos de usuarios.
De esta manera, aclaró que actualmente, los grupos 2 y 3 ya pagan el precio real de los contratos, mientras que el grupo 1, que incluye al 85% de los clientes residenciales, ha estado protegido hasta el primer semestre de 2024.
Sin embargo, en octubre, el grupo 1 también verá un ajuste hacia precios de contrato, y en enero de 2025 comenzará a pagar la deuda asociada a los mecanismos de estabilización, sumándose así al resto de los usuarios en la devolución de los 6.000 millones de dólares pendientes.
Verdejo reconoció que los medidores inteligentes podrían haber reducido los tiempos de reposición durante cortes de suministro, permitiendo una reacción más rápida. Sin embargo, aclaró que, aunque la tecnología ayuda, no habría evitado que los postes cayeran.
“Con la normativa vigente, cualquier implementación, incluyendo los medidores inteligentes, se pagará en la tarifa, igual que los postes y cables”, subrayó.
Además, señaló que, con el aumento previsto del 60% en la componente de energía en las cuentas, es crucial encontrar una manera de financiar esta tecnología que minimice su impacto en las tarifas.
“Hay que buscar alternativas para implementar estos medidores en el corto plazo, pero siempre monitoreando la red hasta el último usuario”, afirmó.
Consultado sobre si es que a su juicio se puede cambiar la regulación para que las inversiones de las empresas no siempre se reflejen en las tarifas, Verdejo sostuvo que “en el esquema actual el usuario paga todo”.
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